Ante una campaña injusta contra el país

Control. La frontera entre Haití y República Domininicana, de unos 360 kilómetros, es cruzada diariamente por cientos de ciudadanos del vecino país, con o sin documentos, que vienen a realizar todo tipo de labores sin ningún obstáculo.

Al Secretario General de la Organización
de las Naciones Unidas,
(ONU)
Hon. Ban Ki-moon

Motivo:
Campaña internacional concertada y sistemática contra los
atributos de soberanía de la República Dominicana.

Honorable Señor Secretario General de la ONU:

Su visita al país, hace de Ud. el mejor interlocutor para dirigirle este Memorial de Agravios a la soberanía de la República, no solo por el rol jugado por la organización que Ud. representa -y sus distintas dependencias- en el problema para República Dominicana del masivo e ilegal ingreso a su territorio de ciudadanos haitianos, escapando de la crítica situación económica de su país; sino también porque este delito migratorio se origina en la condición de Haití como Estado Fallido, cuya soberanía intervino el Consejo de Seguridad de la ONU con un contingente militar [la Minustah] con su Resolución No.S/RES/1542 del 1 de Junio del 2004 por seis meses, atendiendo a que Haití era una amenaza a la paz de la región; y reiterada con diecisiete Resoluciones sucesivas que han prolongado su presencia por diez años.

La migración económica del excedente poblacional de Haití tiene raíces históricas en su crónica situación de crisis política, social y económica.

Para sobrevivirla, Haití exportó braceros durante la ocupación de EE.UU. [1915-1934] a los ingenios azucareros norteamericanos en Cuba y República Dominicana (esta última igualmente ocupada por contingentes de la USMC), los cuales contribuían a la economía de Haití con sus remesas. Se establecieron desde entonces impuestos de documentos a esa diáspora, política de expoliación fiscal que se repite ahora, a propósito del esfuerzo desplegado por el Gobierno dominicano para detener la anarquía fronteriza de la migración ilegal inducida; sometiendo la incontrolada diáspora haitiana a una regulación que exige su identificación y documentación de parte del Estado haitiano; cuyo alto costo está siendo motivo de protesta de sus nacionales ante sus autoridades para que el mismo sea reconsiderado.

El resultado económico de la relación Dominico-Haitiana es importante.

El intercambio comercial fronterizo mueve unos USD 1,000 millones al año, y la diáspora haitiana en el país remesa a Haití USD 308 millones al año.

Además Haití busca desde su lado ejercer el control de la frontera para cobrar impuestos aduanales al ingreso de productos y mercancías provenientes de República Dominicana. Para ello construye desde 2013 secciones parciales de un muro fronterizo, apareado a un gran edificio de oficinas aduanales.

No obstante Haití movió la protesta internacional del CARICOM contra las normas que dictó nuestro país para controlar y definir el estatus de su migración ilegal; y contra las medidas que aplica en la frontera para detenerla junto a los infiltrados que depredan los bosques dominicanos para hacer el carbón que Haití usa para cocinar; protesta que fue llevada a la OEA con la aviesa e inaceptable acusación de que obedecían al racismo dominicano, que supuestamente rechaza la migración haitiana por negra.

Esta acusación no solo es insultante sino también ridícula, a la vista del perfil étnico domi- nicano que consigna en el Internet la página ‘CIA World Fact Book’, de 73% mulato (mezcla negro y blanco), 16% blanco; y 11% negro. El epíteto de racista a un pueblo que no tuvo dificultad para mezclarse, creando la base de su estabilidad social y adelantándose a la consigna de ‘reconciliación’ étnica del gran Mandela, es un obvio abuso de parte de una Comunidad de Estados Caribeños que enarbolan entre sí el libre comercio, pero no la libre circulación de personas; y en ningún momento han practicado la solidaridad migratoria con Haití que demandan en los escenarios internacionales a nuestro país, ni siquiera cuando el terremoto de Enero del 2010.

Esa misma página de Internet señala que el perfil étnico de Haití es un 95% negro y un 5% blanco y mulato. Esa minoría controla la vida política y económica de Haití de espaldas a la condición de vida del restante 95% de su población, la cual desea y plantea sacar de Haití.

El periódico haitiano ‘Le Nouvelliste’, vocero de esa élite económica y política, ha reclamado recientemente a las autoridades de Haití establecer como cuestión de supervivencia ante la crisis agravada por el terremoto, una política migratoria que saque anualmente de Haití por varios años, entre 50,000 y 200,000 de sus nacionales; éxodo que se produce espontánea y anárquicamente hacia varios países del continente conllevando varios trágicos naufragios, pero especialmente en perjuicio de República Dominicana, su destino más próximo.

La política planteada por ‘Le Nouvelliste’ de exportar el excedente de población económicamente marginada, data desde la intervención militar de EE.UU. en Haití [1935-1934], y fue refrendada con el Informe de la Misión de Expertos de la ONU de 1947; y si ese éxodo masivo no se reparte y se orienta con sentido de equidad, constituye una renovada amenaza contra la soberanía de nuestro país, pues las proclamadas ‘naciones amigas de Haití’, se han concertado para dejar a República Dominicana como destino único de esa diáspora, mientras mantienen cerradas sus fronteras.

Ello equivale a una ‘Fusión de Facto’ con Haití, que daría a sus patrocinadores el control de la vida política dominicana; para lo cual la clave es obtener a favor de esa cuantiosa migración haitiana y sus descendientes, la ciudadanía dominicana, como pretenden quienes la sustentan.

La República Dominicana honrando su compromiso de establecer y vivir bajo un régimen democrático, realiza cada cuatro años, procesos electorales, y bajo la desproporcionada participación de esa migración que se ha compulsado al país a recibir, y la condición de apremio internacional ejercida contra el país para concederle la ciudadanía; les daría la capacidad de decidir de antemano los resultados de dichos procesos. De esta manera, las reglas de la democracia que Haití no practica y se resiste a adoptar, costarían a los dominicanos su soberanía. Aceptarlo es traicionar a la Nación y los dominicanos no están dispuestos a consentirlo, lo que inevitablemente detonará una confrontación social y política de dimensiones y consecuencias imprevisibles.

Por esta razón, planteamos por su digno medio a la Organización de las Naciones Unidas, la necesidad de asumir formalmente, la responsabilidad de asistir al Estado Haitiano en la búsqueda de su estabilidad política, social y económica, mediante una Política Migratoria Humanitaria con Equidad; que conduzca a mediano plazo, al retiro del contingente militar de la MINUSTAH y la reposición a Haití del disfrute pleno de su soberanía; para lo cual entendemos que se precisa: 1.Establecer una modalidad de Fideicomiso semejante al ‘Plan Marshall’ por 15 años, consentido por los Haitianos; encabezado por un Consejo de Estado, en lo que podría considerarse un ‘Gobierno Compartido’ con la Comunidad Internacional, mediante el cual: 1º Otorgue a través del Banco Mundial, garantía de buena administración y uso priorizado de los aportes económicos que naciones y organismos internacionales han venido aportando con destino incierto; 2º Aplique la Política Migratoria del excedente poblacional; y 3º Preserve y utilice la cuantiosa riqueza minera haitiana como base de su desarrollo económico presente y futuro; mientras se avanza en el proceso de estructurar institucional y democráticamente el país.

2.Extraer de Haití su excedente de población respecto de su capacidad económica, lo que supone reducirla en las metas cuantitativas y plazos que establezca el Consejo de Estado del Gobierno Compartido, hasta tanto una política de aprovechamiento y explotación de su abundante riqueza minera y turística, reoriente su economía hacia un desarrollo planificado y diversificado que permita revertir el proceso migratorio de dicha sobrepoblación.

Ello supone que naciones vinculadas históricamente a Haití, asuman recibir la proporción justa de ese excedente poblacional, incluyendo a República Dominicana; aplicando el ejercicio analítico sujeto a revisión que acompaña el presente Memorando, que lo hace con un coeficiente que conjuga capacidad territorial, económica y densidad poblacional ensayado con cinco países (pero abierto a otros). El mismo plantea en una primera etapa, sacar el 30% de la población de Haití, o unos 3 millones de nacionales; y como distribuirlos equitativa y proporcionalmente por cada país que acogería esa migración.

Como lo muestra el ejercicio anexo, la República Dominicana no debe participar en el programa migratorio reclamado por ‘Le Nouvelliste’ a partir de la fecha, dado que su capacidad de asimilar migración y utilizar mano de obra haitiana se saturó hace tiempo; y no puede ni debe aceptar proseguir con la carga de proveerles -en perjuicio de los dominicanos- de servicios sociales (Salud, Educación, etc.) infraestructura (Habitat, Agua potable, Electricidad, etc.) que su Gobierno no les provee en Haití. Por el contrario, las autoridades dominicanas, en preservación de su soberanía y existencia como Estado, una vez terminado el inventario y la documentación de la migración haitiana en RD por parte del gobierno de Haití, ajustarán las metas y objetivos de residencia de su Regulación Migratoria a las necesidades de su economía; y ejercerán su facultad soberana de repatriar ordenadamente el excedente hacia Haití y otros países.

Finalmente, recomendamos al Sr. Secretario General remitir todas las acciones de su Organización a la instauración de un Estado de Derecho entre ambos estados limítrofes, respetuoso de sus respectivas soberanías, que no puede ser otro, que el definido por el Acuerdo Bi-Nacional firmado en Enero de 1938 en la ciudad de Washington, entre el Estado Dominicano y el Estado Haitiano como culminación de una intervención de la Unión Panamericana, a causa del incidente fronterizo de 1937, originado en la migración ilegal haitiana. Este es el único instrumento de Derecho Internacional Público vigente, aplicable a la relación entre ambos países, que asegure una convivencia pacífica y armónica perdurable; asumiendo la ONU, la supervisión de su aplicación.

Saludamos respetuosa y cordialmente al Sr. Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su visita a la República Dominicana, deseando que la misma sirva a los propósitos de afianzar la paz y el progreso de ambos lados de la frontera Dominico- Haitiana.

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EL PLANTEAMIENTO DEL DIARIO LE NOUVELLISTE 
El reclamo planteado en el editorial de ‘Le Nouvelliste’ de una Política Migratoria capaz de remover del territorio de Haití durante varios años el excedente poblacional a sus recursos económicos y a los aportes previsibles de los organismos internacionales, debería ser abordado por Haití y la ONU a través del propuesto ‘Consejo de Estado’ del ‘Gobierno Compartido’, bajo la premisa de que Haití debe ser objeto de ‘Ayuda Humanitaria con Equidad’, de manera que ese excedente pueda ser distribuido a los países que así lo hayan consentido, bajo un principio que tome en cuenta su capacidad de recibir esa migración.

Para demostrar la factibilidad de su aplicación, se presenta el siguiente ejemplo, que ha escogido arbitrariamente a varios países, incluyendo a República Dominicana, destino de esa diáspora en exceso de su capacidad de asimilación.

Como hipótesis de trabajo, se considera que en una primera fase, el más efectivo remedio a la situación haitiana consistiría en la disminución de su carga demográfica, en unos tres millones de individuos (cerca del 30% de los pobladores actuales), quienes serían acogidos en los cinco territorios incluidos, según la capacidad relativa de cada país.

Con esta reducción podría obtenerse un incremento de casi 43% ([1.00/0.70]–1.00=42.8%) en la asignación per cápita de cualquier ayuda recibida, en el futuro, a favor de los siete millones de haitianos no movilizados de su territorio.

Se propone con tal objeto, un equitativo reparto del auxilio multinacional en función de parámetros de objetividad indiscutible, tales como: (1) la capacidad económica de cada nación solidaria, expresada a través del PIB global y del PIB per cápita; y (2) su capacidad de absorción territorial, medida en términos de la superficie total y de la densidad de población por kilómetro cuadrado.

Se ha establecido arbitrariamente: 
1 La lista de naciones cuyos factores determinan el coeficiente de distribución equitativa, se ha limitado a Estados Unidos de América; Canadá; Francia; Venezuela; y República Dominicana.

2 La meta cuantitativa poblacional a remover como excedente de los recursos económicos de Haití en 3 millones de habitantes adultos. 

3 La meta temporal del programa como de ejecución inmediata.

http://listindiario.com.do/la-republica/2014/7/19/330405/Ante-una-campana-injusta-contra-el-pais