Los propietarios británicos deberán expulsar a los inmigrantes indocumentados por ley

Oficiales de policía, junto a inmigrantes que han tratado de cruzar el Eurotúnel para llegar a Inglaterra.  

“Las calles del Reino Unido no están pavimentadas de oro”. Con esta lacónica frase, la ministra del Interior británico, Theresa May, trataba esta semana de defender una de las medidas más draconianas que su gobierno ha decidido implementar para hacer frente a los miles de inmigrantes que quieren dar el salto a Reino Unido desde Francia.
Desde hace semanas, el túnel de Calais -que une la isla con el continente- ha sido el foco de los medios de comunicación después de que se hayan registrado numerosos intentos de indocumentados para llegar a Inglaterra. El último, este lunes por la noche, cuando 600 indocumentados trataron de dar el salto. La víspera, cerca de 1,700 trataron de conseguirlo.
Desde entonces, el gobierno de Cámeron ha tratado de endurecer sus políticas para disuadir a los migrantes. La última medida se conoció este lunes: los arrendatarios británicos deberán expulsar de su vivienda a los inmigrantes que pierdan el derecho de residencia en el Reino Unido, sin necesidad de autorización judicial.
El ministro de Comunidades, el conservador Greg Clark, anunció que la próxima ley de Inmigración -que se ha convertido en una prioridad- obligará a los propietarios de inmuebles a expulsar a los inquilinos que estén en situación irregular.

Según esta medida, los propietarios tendrán que asegurarse en primera instancia de que no alquilan sus propiedades a personas sin derecho a residir en el Reino Unido.
En caso de que los inquilinos pierdan posteriormente su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo, los podrán expulsar de la vivienda, en algunos casos sin necesidad de autorización judicial.
El papel de las instituciones
El ministerio del Interior comunicará a los arrendatarios el nombre de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada y que por tanto no tienen derecho a quedarse en el país.
La ley de Inmigración, que solo se aplicará en Inglaterra -otras regiones británicas tienen su propia normativa-, penalizará a los propietarios que no efectúen las comprobaciones necesarias antes de alquilar su propiedad o no expulsen a los clandestinos.
La sanción puede ser una multa o una pena de prisión de hasta cinco años, según los datos adelantados.

Las autoridades municipales contarán con una lista de los caseros e inmobiliarias que han incumplido la normativa para poder tener controlada su actividad y prohibirles alquilar propiedades.
Contra la explotación
También se prevén medidas para castigar a los caseros que exploten a inmigrantes en situación irregular y les alquilen pisos y viviendas en malas condiciones.
"Estamos decididos a combatir con fuerza a los caseros que hacen dinero de la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración", dijo Clark.
El Gobierno quiere mostrar mano dura contra la inmigración tras recibir presiones por su gestión de la crisis en el puerto francés de Calais, donde decenas de personas tratan de entrar clandestinamente en el eurotúnel a diario para llegar a Inglaterra.
El Ejecutivo francés ha enviado refuerzos policiales para atajar la situación, que causa filas y retrasos y ha afectado a la economía británica, mientras que Londres ha enviado agentes de seguridad y perros y construye una nueva valla para dificultar el acceso.
©Univision.com y Agencias